Parece evidente que no es nada original, en los albores del Siglo XXI, afirmar que la libertad de conciencia, la libertad ideológica y la libertad religiosa deben ser ejes fundamentales de las leyes democráticas de un país, que la acción pública de cualquier estado debe ser neutral en materia religiosa o que ninguna religión debe gozar de ningún trato de favor ni privilegio en materia económica, social o jurídica en sus relaciones con el poder político. Hace muchos años que uno apostó por el derecho de todos los ciudadanos a ser iguales ante la ley y a que nadie sea discriminado por motivos ideológicos ni religiosos, la laicidad de los estados debe ser garantía para que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus opciones morales, no me cabe duda que esta neutralidad expresa de cualquier estado es el mejor modo de garantizar una efectiva, e igual, libertad de conciencia para todos. Leer +
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